10 de noviembre de 2026. El sector turístico asturiano ha mostrado una rotunda unidad de acción este lunes en la Junta General del Principado para rechazar la implantación del impuesto sobre estancias turísticas. Durante la ronda de comparecencias informativas previas al debate del Proyecto de Ley, Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, erigida como voz principal del sector, desgranó los graves riesgos para la competitividad, la viabilidad de las empresas y la equidad territorial que supone este nuevo tributo, solicitando formalmente su retirada para abrir un proceso de diálogo real.

Esta postura empresarial unánime ha chocado con la visión de los representantes del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos gobernados por el PSOE e IU, quienes han defendido la tasa como una herramienta de «corresponsabilidad» para financiar los servicios públicos municipales.

El peso económico del turismo: «No somos una actividad marginal»

El presidente de Otea, Javier Martínez Fernández, estructuró su intervención sobre la base innegable de los datos, recordando que el turismo es un sector estratégico integrado en el tejido productivo regional. Basándose en el estudio IMPACTUR 2019-2024, Martínez recordó que la actividad turística generó el pasado año 2.818 millones de euros (el 9,5% del PIB regional) y sostuvo casi 47.000 puestos de trabajo (el 11% del empleo).

Frente a la justificación recaudatoria de la ley, el presidente de la patronal subrayó que el sector ya realiza una aportación importante a las finanzas públicas: 474 millones de euros en ingresos fiscales en 2024, una cifra que equivale al 80% del gasto educativo del Principado en enseñanza infantil, primaria y secundaria.

Martínez fue tajante respecto a la redacción actual de la norma: “La capacidad de recaudar no constituye, por sí sola, una justificación suficiente”. Además, advirtió del peligro que supone la aplicación voluntaria por parte de los ayuntamientos, ya que «puede generar diferencias de tributación entre establecimientos próximos que compiten por los mismos clientes», dificultando la comercialización conjunta de Asturias como destino y creando agravios comparativos sin un diagnóstico previo de las necesidades reales de cada territorio.

• «El turismo no es una actividad económica marginal en Asturias: representa el 9,5% de nuestro PIB y sostiene a más de 46.900 trabajadores. Por cada 100 empleos directos que creamos, generamos otros 37 en la economía regional.»
• «El turismo ya aporta a Asturias 474 millones de euros anuales en ingresos fiscales, el equivalente al 20% de nuestro presupuesto sanitario. La capacidad de seguir recaudando no justifica por sí sola imponer nuevos castigos impositivos.»
• «La posibilidad de que unos municipios establezcan recargos y otros no fracturará el mercado, generando diferencias tributarias entre establecimientos próximos que compiten por los mismos turistas en un mismo entorno.»
• «No basta con identificar los posibles beneficios recaudatorios; es irresponsable crear un impuesto sin evaluar previamente cómo hundirá la demanda, los precios, el empleo y la competitividad de las empresas. Por ello, solicitamos la retirada del proyecto.»

La realidad de las empresas: carga burocrática y pérdida de competitividad

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Otea, Fernando Corral, fijó el debate en la realidad diaria de los alojamientos asturianos —hoteles, casas de aldea, apartamentos y campings— alertando de que detrás de este impuesto «hay procedimientos, tiempo de trabajo, costes y responsabilidades que alguien tiene que asumir».

Corral advirtió sobre la enorme carga administrativa que recaerá especialmente sobre las empresas familiares y los pequeños negocios con plantillas reducidas, que tendrán que adaptar programas de gestión, informar a clientes y resolver las problemáticas derivadas de las reservas anticipadas cerradas antes de la entrada en vigor del tributo.

Asimismo, el vicepresidente de Otea desmontó la recurrente comparación con otras comunidades autónomas. «No se pueden trasladar automáticamente modelos fiscales concebidos para destinos con características y niveles de actividad muy distintos», afirmó Corral, contrastando los 3,8 millones de pernoctaciones hoteleras de Asturias con los más de 60 millones de Cataluña o los 63 millones de Baleares. En este sentido, alertó del impacto negativo en segmentos sensibles al precio y en la tan necesaria desestacionalización del sector.

• «La creación de la tasa turística no se limita a añadir un concepto en la factura; convierte a los alojamientos asturianos en agentes recaudadores asumiendo tareas, costes y responsabilidades que no nos corresponden.»
• «Las nuevas obligaciones no se aplicarán sobre una realidad uniforme: para un pequeño alojamiento rural o una empresa familiar cada nuevo trámite supone detraer tiempo y recursos de la gestión de su propio negocio.»
• «Es un error trasladar automáticamente a Asturias modelos fiscales concebidos para destinos saturados como Baleares o Cataluña, porque nuestra realidad, nuestros márgenes y nuestra ocupación media son radicalmente distintos.»

Un frente empresarial unido frente a la administración

Los argumentos expuestos por los máximos responsables de Otea encontraron pleno respaldo en el resto de los representantes económicos llamados a comparecer: FADE con  Julio Bobes , coordinador de la Mesa de Turismo, criticó que el proyecto nace sin identificar qué territorios soportan presión turística ni conocer los costes reales que genera; el Clúster de Turismo Rural, la vicepresidenta  Ana Belén Soberón reclamó también la retirada del proyecto, tachando de contradictorio gravar una actividad que la propia legislación identifica como estratégica contra la despoblación; Cámara de Comercio de Oviedo, su vicepresidente, : José Manuel Ferreira resumió el sentir empresarial con una frase lapidaria: «Una cosa es gestionar los problemas que puede generar el turismo, y otra empezar a gestionar el turismo como problema».  El jurista Javier Junceda también cuestionó el encaje constitucional del tributo y sugirió reformar la financiación local a nivel estatal antes que crear impuestos autonómicos.

La defensa política: recaudación y servicios municipales

En el extremo opuesto, los representantes institucionales defendieron a el nuevo impuesto. Seis alcaldes de los partidos que sustentan al Gobierno (Somiedo, Avilés, Cudillero, Cabrales, Morcín y Carreño), junto al presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FAAC), justificaron la medida por la necesidad de reforzar los servicios públicos durante la temporada estival (limpieza, recogida de basuras, etc.). Ediles como Mariví Monteserín (Avilés) argumentaron que la tasa busca que el turista asuma parte del coste y evite la aparición de la «turismofobia» entre los vecinos.

El Gobierno del Principado, representado por los consejeros Gimena Llamedo y Guillermo Peláez, insistió en que el tributo, de carácter voluntario, garantiza que «cada euro» se quede en los concejos, negando un efecto disuasorio en la llegada de visitantes. Esta postura gubernamental se topó con el rechazo frontal de los grupos parlamentarios de la derecha (PP, Vox y Foro), que acusaron al Ejecutivo de inventar tributos injustificados en lugar de ejecutar íntegramente el presupuesto de la propia Consejería de Turismo.