Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

  • En el ámbito laboral se recoge entre otras cuestiones las prestaciones a los fijos discontinuos.
  • En el ámbito fiscal,  se recogen las novedades en materia de renuncia al método de estimación objetiva del IRPF y al régimen simplificado, las variaciones en materias de pago fraccionado, o las variaciones en los tipos del IVA de libros, periódicos y revistas digitales.
  • En materia de arrendamientos de locales de negocio, se establecen medidas de aplazamiento de renta siempre que el propietario sea gran tenedor o empresa dedicada al arriendo. Para el resto de arrendamientos, se remite al acuerdo entre las partes
BOE RD Ley completo

 

A continuación puedes consultar las medidas de ámbito de aplicación

 

Medidas de ambito laboral

Medidas de ámbito laboral

  1. Se prorroga lo establecido en los artículos 5 y 6 del RDL 8/2020 de 171 de marzo, relativos al “carácter preferente del trabajo a distancia” y el “derecho de adaptación del horario y reducción de jornada” (ahora denominado Plan MECUIDA), hasta el 18 de junio de 2020. Recordamos que eran medidas inicialmente previstas hasta el pasado 18 de abril.
  2. La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior, como también la del trabajador que hubiera sido baja voluntaria en una empresa a partir del 1 de marzo de 2020, para incorporarse en otra, que hubiera desistido del contrato a causa de la crisis del COVID 19.
  3. Se establecen normas sobre disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en las situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
  4. Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, quedan suspendidos los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social, y todos los plazos relativos a los procedimientos sancionatorios laborales.
  5. Se establecen reglas de asignación automática de una Mutua colaboradora de la Seguridad Social para los autónomos que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora y no hubieran realizado todavía la opción por una mutua colaboradora, y se establecen los efectos de la IT para estos casos.
  6. Se modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, RDL 5/2000, para incluir como sancionable, efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que los trabajadores obtengas prestaciones indebidas, y que la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador, siempre que no concurra dolo o culpa de éste.
  7. Se amplía el concepto de fuerza mayor, como causa de un ERTE, en relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma, u otras normas de rango legal, entendiéndose que concurre la fuerza mayor respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las condiciones de mantenimiento de la actividad.
  8. Prestaciones de desempleo de los fijos y discontinuos: se amplía la prestación a los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en periodo de inactividad productiva, y que no se procede a su llamamiento y reincorporación efectiva por la crisis del COVID-19. Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no estuviesen percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el período cotizado necesario para obtener una nueva prestación contributiva, la certificación empresarial de la imposibilidad de reincorporación constituirá situación legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha prestación. Será también de aplicación la reposición del derecho a la prestación.
  9. A efectos del régimen sancionador y reintegro por la empresa de las prestaciones indebidamente percibidas por el trabajador, se elimina la posible revisión de oficio del acto
    administrativo de reconocimiento de la prestación.
  10. En relación con los aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, se establece que se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades. La solicitud de este aplazamiento suspende el procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo, considerándose al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución. El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con la moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Medidas de ambito fiscal

Medidas de ámbito fiscal

REBAJA TIPOS IVA

  • Libros, periódicos y revistas digitales:
    Se reduce al 4 por ciento el tipo de IVA aplicable a libros, periódicos y revistas digitales, siempre que no cotengan única o fundamentalmente publicidad. Se entiende que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad cuando más del 90 por ciento de los ingresos que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto.

PAGOS FRACCIONADOS IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  • Se permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros en 2019 ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades sobre la parte de la base imponible del de los 3, 9 u 11 primeros meses del ejercicio, mediante la presentación hasta el 20 de mayo del pago fraccionado determinado por aplicación de la citada modalidad.
    Esta opción permitirá que los pagos fraccionados se adapten al resultado real que la entidad irá obteniendo a lo largo de 2020 y que no vengan dados por el resultado de la última declaración del Impuesto sobre Sociedades.
    En condiciones normales esta opción sólo cabe realizarla durante el mes de febrero de cada año.
    Se deberá aclarar que ocurre con aquellas entidades que pudiéndose acoger a esta medida ya habían presentado el primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades de 2020 a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
  • Para los contribuyentes cuyo volumen de negocios haya superado la cantidad de 600.000 euros en 2019 y su importe neto de la cifra de negocios no haya sido superior a 6.000.000 de euros, se prevé que la opción de modificar la modalidad del pago fraccionado se pueda realizar para el segundo y tercer pago del ejercicio, a realizar en los 20 primeros días de octubre y diciembre.
    La opción por tributar en función de la base de los 9 u 11 primeros meses del propio ejercicio se podrá efectuar en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020.
    La opción sólo vinculará respecto de los pagos fraccionados de 2020 y no podrá ser aplicada por los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades.

RÉGIMEN DE MÓDULOS

  1. Reducción proporcional de los módulos en función de la duración temporal del estado de alarma:
    El cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA se adaptan, de forma proporcional, al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas. En concreto, para el cálculo de la cantidad a ingresar no se computarán en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado vigente el estado de alarma.
  2. Renuncia al régimen:
    Se permite que se pueda renunciar al método de estimación objetiva del IRPF, Al régimen simplificado y al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, sin que esa renuncia vincule, como hasta ahora, por un plazo de 3 años.
    En definitiva cabe renunciar al régimen de módulos y al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en 2020 y poder volver a aplicar esos regímenes en 2021, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.
    La renuncia supone pasar a aplicar el método de estimación directa en el IRPF y el régimen general en el IVA, de tal forma que los impuestos se determinan en función de los resultados reales de la actividad económica y no en función de unos signos, índices o módulos.

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS ESPECIALES COVID-19

  • A través del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se estableció para las pymes y autónomos cuyo volumen de operaciones no superase 6.010.121,04 euros en el año 2019 la flexibilización de aplazamiento de deudas tributarias. Se estableció un aplazamiento excepcional de seis meses, previa solicitud, limitado a deudas inferiores a 30.000 euros, teniendo en cuenta el volumen total de los aplazamientos nuevos y de los ya existentes. Como complemento a dicha posibilidad, se arbitra la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a que se refiere el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
    En concreto, no se iniciará el período ejecutivo para el cobro de las deudas tributarias no ingresadas siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

    • Que el contribuyente haya solicitado la financiación a que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, para el pago de las deudas tributarias resultantes de dichas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones y por, al menos, el importe de dichas deudas.
    • Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria hasta el plazo máximo de cinco días desde el fin del plazo de presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación, un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el importe y las deudas tributarias objeto de la misma.
    • Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas mencionadas.
    • Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la financiación.

EXTENSIÓN PLAZOS PROCEDIMENTALES

  1. Se extiende hasta el 30 de mayo la vigencia temporal de determinadas medidas tributarias contenidas en los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020, que tenían como límite temporal el día 30 de abril de 2020, o, en su caso, el día 20 de mayo de 2020. Dicha extensión también se aplicará a las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales por la remisión efectuada por el artículo 53 del Real Decreto-ley 11/2020.
    Dichas fechas afectan a los plazos de pago resultantes de providencias de apremio; a los vencimientos de aplazamientos y fraccionamientos concedidos; a los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria; para formular alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y revocación; duración máxima de procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión; prescripción y caducidad e interposición de recursos y reclamaciones.
  2. Se incluye una disposición final que modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el cual ya flexibilizó, a través de su artículo 33, entre otros plazos, los relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
    La modificación afecta al ejercicio de derechos por licitadores y adjudicatarios en los procedimientos de enajenación desarrollados por la AEAT que permite al licitador solicitar la anulación de sus pujas y la liberación de los depósitos constituidos y, en su caso, además el precio del remate ingresado, siempre que, en cuanto a los adjudicatarios, no se hubiera emitido certificación del acta de adjudicación de los bienes u otorgamiento de escritura pública de venta.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 con la finalidad de habilitar la interposición y tramitación, dentro de aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de recurso especial en los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que el procedimiento de recurso pueda considerarse suspendido. De esta forma se garantiza, para todos los licitadores que tomen parte en estos procedimientos, la posibilidad de hacer valer sus derechos, pues los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán computándose en los términos establecidos en dicha Ley.

Arrendamientos

Arrendamientos

En materia de arrendamientos de locales de negocio, se establecen medidas de aplazamiento de renta siempre que el propietario sea gran tenedor o empresa dedicada al arriendo. Para el resto de arrendamientos, se remite al acuerdo entre las partes.

Arrendamientos incluidos

Contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de industria.

Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto a la satisfacción de la necesidad permanente de vivienda del arrendatario En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren.

Autónomos y pymes arrendatarios beneficiarios

REQUISITOS

PERSONAS FISICAS: En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por el autónomo.

  • Estar afiliado y en situación de alta el 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración del estado de alarma, en el RETA, Mar, o en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
  • Que su actividad haya quedado SUSPENDIDA (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente).
  • En el supuesto de que su actividad NO se vea directamente SUSPENDIDA se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

PERSONAS JURIDICAS. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por una pyme:

  • Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que son aquellas que pueden formular Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados: sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
    • Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
    • Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
    • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

  • Que su actividad haya quedado SUSPENDIDA como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
  • En el supuesto de que su actividad NO se vea directamente SUSPENDIDA en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

ACREDITACIÓN

  • La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.
  • La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

Medidas de aplazamiento

Se distingue:

1.- QUE EL ARRENDADOR SEA UN “GRAN TENEDOR”

Grandes tenedores son los siguientes arrendadores:

  • Empresas o entidades públicas de vivienda
  • Persona físicas o jurídicas que cumpla una de las dos condiciones:
    • Titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros
    • Titular de una superficie construida de más de 1.500 m2

SOLICITUD: La persona física o jurídica arrendataria podrá solicitar de la persona arrendadora en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.

RENTAS CON MORATORIA: La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

TERMINOS DEL APLAZAMIENTO: Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas

2.- QUE EL ARRENDADOR NO SEA UN “GRAN TENEDOR”

SOLICITUD: La persona física o jurídica arrendataria podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.
Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las partes podrán disponer libremente de la fianza, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.

RESPONSABILIDADES
Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.